Por Francisco SánchezCaballero Rigalt
La justicia social ésta fundamentada en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, es otra dimensión del concepto tradicional de justicia legal. Está establecida en la equidad y es indispensable para que cada persona se desarrolle en su máximo potencial y para una sociedad en paz.
Para que un país obtenga justicia social, es necesario que se combinen debidamente dos principios básicos: el principio de subsidiariedad, y el principio de solidaridad, que buscan el bien común, y, como tal, da primacía al bienestar de todos frente al interés propio.
Estos principios, arraigados en la doctrina social de la Iglesia Católica buscan promover el bienestar común y el desarrollo integral de las personas y las comunidades.
El principio de subsidiariedad se define como «una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al Bien Común». [1]
La solidaridad como principio «expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos». [2](Paz, 2005)
Al hablar de justicia social se considera la distribución del ingreso entre la población, la disminución de la pobreza mediante esquemas que promuevan la equidad entre los distintos grupos etarios, y la protección social, regida por los principios de universalidad, solidaridad, subsidiariedad, selectividad (definida como la focalización para que los servicios sociales lleguen a la población más pobre) y eficiencia.
La solidaridad sin subsidiaridad puede convertirse fácilmente en asistencialismo, mientras que la subsidiaridad sin solidaridad corre el riesgo de nutrir formas de localismo egoísta.
Una de las formas que utiliza el Estado para alcanzar la justicia social son los programas sociales que son iniciativas gestionadas e implementadas por el gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad o pobreza. Estos programas abarcan diversas áreas de intervención, como salud, educación y trabajo, con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad en el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo, ya sea individual o colectivo.[3]
En el contexto de los programas sociales, estos principios guían la implementación de políticas que buscan el bienestar común. La solidaridad impulsa la cooperación y el apoyo entre individuos y grupos, mientras que la subsidiariedad promueve la autonomía y la iniciativa local, asegurando que la intervención del Estado sea solo cuando la sociedad civil no pueda lograr los objetivos deseados por sí misma.
En conjunto, los principios de solidaridad y subsidiariedad concurren a crear un equilibrio entre el apoyo mutuo y la independencia, lo cual es esencial para el éxito de los programas sociales.
En esta campaña electoral parece que han tomado como botín los programas sociales ya que el partido en el poder ha declarado que sus candidatos son los únicos que pueden seguir otorgando esos beneficios a la población y que la oposición los va a eliminar, mientras la candidata a la presidencia por los partidos de oposición ha sugerido incrementar los programas sociales sin verificar que existan los ingresos suficientes para otorgarlos, en cuanto a la eliminación es una falacia ya que se encuentran plasmados como derechos en la Carta Magna en el artículo 4to, esto significa que el Estado es el garante de los derechos como la salud, la educación, la alimentación entre otros que se describen en dicho artículo constitucional; esto no implica que se pueda cumplir ya sea por falta de recursos o como en el caso de la salud por falta de oficio político.
La aplicación de programas sociales para lograr la justicia social se debe considerar un paliativo contra la desigualdad de oportunidades, no como «moneda de cambio» de los gobiernos en turno, por eso es muy importante que cuando se implante los programas sociales con base a los derechos de las personas estén fundamentados en principios como la solidaridad y la subsidiariedad.
Nota al calce: El presidente López Obrador en una conferencia matutina de diciembre pasado dijo: «Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de qué cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Ayudar a los pobres no es un asunto personal, sino uno de estrategia política».
Así o más incongruente con el lema de su gobierno «por el bien de todos, primero los pobres” cuando los indicadores de la Secretaria del Bienestar señalan que hay más de17 millones de personas viviendo en pobreza, situación que es intolerable cuando somos la economía número 12 según el Fondo Monetario internacional (FMI).
Correo: franciscosanchezcaballero@pressingpolitico.com
Imagen generada por Microsoft Copilot
[1] Catecismo de la Iglesia Católica, (n.d.). https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c2a1_sp.html
[2] Parma, E. (2013). POLÍTICA EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Universum, 28(1), 231–245. https://doi.org/10.4067/s0718-23762013000100011
[3] Esibe. (n.d.). Importancia y medición del impacto de los programas sociales. ESIBE. https://www.escuelaiberoamericana.com/blog/impacto-de-los-programas-sociales
"Pressing" Político 