Luis G. Sánchezcaballero Rigalt
«El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla»
Enrique Tierno Galván, político español
A mediados de esta semana en una de las sesiones más largas en la historia de la Cámara de Diputados sea aprobaron múltiples reformas impulsadas por el Grupo Mayoritario, las cuales siguieron ese mismo derrotero en el Senado.
De entre las más graves están las que reformaron, diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, ambas envueltos en moño para el ejército, ya que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que reciba y administre el 80 por ciento del dinero que ingresa al país por medio del turismo
Las reformas a la Ley Federal de Derechos establecen que 80 por ciento de la recaudación del derecho «Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas» se destinará para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, cuyo objeto sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole.
También para los programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de los proyectos, y de la infraestructura a cargo de dicha entidad.
En la Ley General de Turismo se deroga que el patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo se integrará por los ingresos fiscales que se obtengan de manera proporcional por la recaudación del Derecho por la autorización de la condición de estancia a los extranjeros, en los términos establecidos por la Ley Federal de Derechos.
Lo anterior exhibe una sumisión del Legislativo al Ejecutivo y de éste a la milicia, esto además de que seguramente cuenta con muchos ases bajo la manga la Secretaría de la Defensa Nacional en mucho ocurre porque desafortunadamente, las dificultades para consolidar la democracia en el mundo, como consecuencia de las crisis de representatividad y de las condiciones socioeconómicas, han facilitado la configuración de circunstancias favorables para la reaparición de modelos populistas.
Estos se presentan como expresiones políticas tendencialmente autoritarias que acceden al poder por la vía electoral en circunstancias excepcionales, con apoyo popular.
El vocablo populismo puede remitir a la idea de movilización social; liderazgo personalista; discurso de confrontación permanente; apropiación de la representación del pueblo; simplificación del conflicto en la relación irreductible de amigo-enemigo; menosprecio por el funcionamiento institucional y sobredimensionamiento acrítico del papel de un líder carismático
En la práctica derivan en autocracias electorales, regidas por un personalismo político omnipresente y confiscatorio de la institucionalidad, sostenidas sobre el reconocimiento popular acrítico de la autoridad del líder político a cargo del gobierno, cuya voluntad personal es hegemónica en el ejercicio de una representación omnipresente y suprema.
El populismo descarta las leyes y los procesos. El populismo acusa a quienes se le oponen y destruye de manera preventiva a todos aquellos a quienes pueden resultarle un peligro o un estorbo. El populismo desea instaurar la reversión de la prueba. Desea que todos los acusados se consideren culpables hasta que ellos comprueben su inocencia.
Los populistas se valoran mejores jueces que el Poder Judicial, se consideran por encima de las leyes y procesos, juzgan a todos y solo ellos se consideran correctos.
El populismo acusa, juzga, condena y ejecuta todo en un acto, en el fondo el objetivo de los populistas que el Estado de derecho termine o se acote y deje el campo abierto para las razones de fuerza del que gobierna.
Por ello, y dado que el escenario se muestra propicio para que sea la Suprema Corte de la Nación quien nos salve de los entuertos y bazofias legislativas, tan comunes en este régimen, se requiere un Poder Judicial fuerte, que no permita la intromisión del gobernante populista en sus determinaciones-
Que tenga muy claro que, el Estado de derecho constituye un imperativo ético político que se basa en dos tipos de exigencias. Por un lado, que el modo en que la autoridad política expresa sus órdenes cumpla determinados requisitos formales, es decir, que sean accesibles, generales, claras, estables, no retroactivas.
Por el otro, que se garanticen principios institucionales como el acceso a la justicia o el cumplimiento de las normas legales por parte de los agentes oficiales
El acceso a la justicia es, sin duda, un derecho fundamental con una naturaleza muy particular. No vale más que otros derechos, es cierto, pero sí constituye un medio –El medio– de protección de estos.
Funciona como un «escudo» para el resto de los derechos fundamentales: los protege de cualquier acto de cualquier autoridad que de alguna manera los afecte.
En este sentido, el acceso a la justicia se vuelve una suerte de garante de los otros derechos, pues representa la posibilidad de reclamar su cumplimiento ante un órgano jurisdiccional.
El Estado de derecho impide que la fuerza y los atropellos se materialicen en perjuicio de alguna persona, evita que los abusos se impongan a los derechos y a la justicia.
Es el Estado de derecho el que nos separa de las sociedades primitivas, el que nos diferencia de las sociedades sanguinarias, el que marca la diferencia entre el vivir en temor de los abusos ajenos y la seguridad de saber a qué atenernos. Nuestro Estado de derecho no es perfecto. Hay que fortalecerlo, nunca destruirlo.
El Estado de derecho reúne al menos tres circunstancias. Primero, es público, porque las exigencias formales de ese ideal requieren que toda decisión política se encuentre al alcance de los ciudadanos.
Segundo, es racional, porque presupone que los ciudadanos son personas racionales capaces de decidir y deliberar con base en razones públicas.
Tercero, es no paternalista, en el sentido que trata a los ciudadanos como adultos que se autodeterminan.
Estas cualidades chocan con el modelo de poder propuesto por el populismo, que oculta intereses sectoriales, posee componentes emocionales y trata a los ciudadanos como interdictos políticos.
Por ello, la defensa a ultranza del Estado de derecho por parte de ciudadanos, partidos políticos y gobernantes, significa un necesario muro de contención para resguardar a las y los gobernados de los discursos extremos.
Los frenos y contrapesos están diseñados para que el poder nunca esté en manos de un solo individuo. El Estado de derecho es la muralla que separa la arbitrariedad y el abuso del populismo.
Correo: luis_sanchezcaballero_rigalt@pressingpolitico.com