TRANSPARENCIA ANTÍDOTO A LA CORRUPCIÓN

Luis G. Sánchezcaballero Rigalt

«La transparencia es el antídoto contra la hipocresía»

Britt Merrick.

El acceso de las y los particulares a lo público del quehacer estatal, se fundamenta con el voto universal, que constituye un mandato para las autoridades para cumplir las normas y responder en todo momento a las y los ciudadanos, quienes son los que confieren la potestad que poseen.

Se inscribe en la lógica del desarrollo institucional, mediante la cual la sociedad avanza para superar etapas de opacidad, las cuales son incompatibles con la eficacia de la vida colectiva.

La transparencia es la vereda que permite que el poder no sea inaccesible a los gobernados y es, al mismo tiempo, la vía institucional que combina la administración de la información de carácter público, a cargo de los entes y la exigencia del derecho a la información que la ciudadanía en las democracias modernas invoca, provoca y preserva.

En este sentido, la nueva gobernabilidad de la cual es parte medular la transparencia da sentido a la reconstrucción institucional del Estado para asegurar el ejercicio democrático de la gestión pública.

La transparencia y el acceso a la información convierten a la sociedad en una participante activa del proceso de rendición de cuentas, proceso mediante el cual los gobiernos son obligados a «abrirse a la inspección pública», a «explicar y justificar sus actos» y también quedan supeditados a «la amenaza de sanciones». (Schedler, 2004).

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ampara el derecho de todo ciudadano a recibir información pública y la obligación del estado a difundirla.

La transparencia debe siempre ser entendida como una política pública, en razón de la gobernanza (entendida como «la realización de relaciones entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado por la competencia y cooperación donde coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales»), ya que relaciona con prácticas horizontales del poder en las cuales los gobernados tienen el derecho a informarse sobre el comportamiento institucional del Estado.

No es, por tanto, la transparencia una práctica más, sino una acción imperante de gran relevancia que se relaciona con los vínculos que se establecen entre el Estado y las y los ciudadanos.

Desde la perspectiva de la gobernabilidad, la transparencia responde a una nueva perspectiva del poder democrático, porque el Estado, como administrador de los recursos y la información de la sociedad, debe favorecer un ambiente de confianza que inicia cuando los gobernados tienen el derecho de acceder a lo que realiza en nombre del interés público.

A pesar de ello, todavía existe una ‘cultura del secreto’ preponderante en las entidades estatales, una de las manifestaciones más preocupantes de esta situación, es la reacción que tiene gran parte de los funcionarios públicos cuando se les solicita información. En muchas ocasiones, se sienten molestos o incluso ofendidos por las solicitudes elevadas por los periodistas o ciudadanos.

Esta cultura también se manifiesta en la falta de publicación proactiva de información clave para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, frecuentemente, el Estado no cumple con la obligación de publicar la información sobre las entidades públicas, las funciones a su cargo y los servicios que prestan, entre otros.

Estas circunstancias son muy comunes en los gobiernos autoritarios, les resulta muy complicado consentir el paso a la información del quehacer público, es una máxima odiar la propagación de la información libre.

Es muy claro que lo que diferencia a los países democráticos a los totalitarios es que en los primeros los gobernantes no pueden impedir que en uno u otro medio se publiquen noticias, comentarios o artículos de opinión que les resulten desfavorables, y menos cuándo esta es obtenida por la vía del acceso a la información pública.,

Es alarmante cuando un gobierno «democrático» empieza a culpar de la corrupción a las instituciones garantes de la transparencia y el acceso a la información pública, que como política les resulta fundamental dejarlos inoperantes, para que no exista quien los obligue a rendir cuentas.

No podemos estar tranquilos, cuándo la corrupción se combate ocultándola, porque es cuando empieza a generalizarse, se vuelve incontrolable, permea por toda la sociedad al grado de normalizarse. Lo único que puede acotarla es una embestida social que se centre en la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, que magnifique su trascendencia e importancia en un estado verdaderamente democrático, para frenar el deseo irresistible y desmesurado de los gobernantes totalitarios por el manejo a su convivencia de la información. De lo contrario viviremos permanentemente inmersos en el control de las masas y la opacidad.