ELECCIONES VIOLENTAS

Por Eduardo Macías Garrido

Nos encontramos a unos días de las elecciones, y el proceso electoral 2023-2024 ya es el más violento de la historia moderna de México según la organización no gubernamental Integralia, quien señaló lo anterior en su actualización del reporte de violencia política, donde afirmó que hubo 161 asesinatos, 100 amenazas y 85 atentados.

El asunto no es menor, ya que el proceso electoral 2024 al ser el más sangriento de la historia, invita a analizar si hay condiciones en algunas entidades de la República para llevar a cabo la elección.

En el actual proceso se suman 24 aspirantes, precandidatos o candidatos asesinados, lo cual ha sido dado a conocer por diversos medios de comunicación.  En 2018 hubo 43 asesinatos relacionados con la violencia electoral, para este 2024 suman ya 51 las defunciones.

El caso más reciente, al cual como siempre se le quiso sacar raja política por los diversos partidos políticos, fue el de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, quien fuera asesinada hace unas semanas en pleno evento político. 

Las entidades con mayor incidencia de este tipo de violencia electoral son Guerrero y Michoacán, seguidas de Veracruz, Chiapas, Morelos y el Estado de México. Otro de los resultados de la política fallida de “abrazos no balazos” del presente gobierno.

En algunas de estas entidades ya existen denuncias por parte de los partidos políticos en el sentido de que no hay garantías suficientes para participar en los procesos electorales locales. Como es de suponerse, la violencia se acrecienta en los territorios en donde hay disputas entre grupos criminales.

Las personas aspirantes a puestos de elección popular de nivel municipal concentran el 73.4% de los ataques, las federales 14.5% y las estatales 7.3%. Es claro que competir por un cargo local es más peligroso que hacerlo por uno federal. Ejemplo de ello en un estado peligroso como Morelos son Carlos Feria, candidato a diputado local y Perseo Quiroz, candidato independiente a presidente Municipal por Tepoztlán.

Más grave aún, es que esta violencia política al parecer no va a desaparecer el día de las elecciones, ya que la frontera entre el Estado y el crimen organizado es cada vez más tenue.   

La obligación primordial de todo Estado es proteger a los individuos que se encuentren en su territorio, así como imponer por la fuerza si es necesario el ordenamiento jurídico establecido. Cuando esto no se da, empieza a rondar la figura polémica de “Estado fallido”.

Esta violencia político-electoral también afecta la democracia en nuestro país, ya que pone en evidencia que la lucha por el poder no solo se resuelve en las urnas, sino que cada vez más se está resolviendo a balazos, para evitar ya sea que triunfe un determinado candidato o para inhibir la participación de la ciudadanía. En el estado de Chiapas, las campañas políticas ya dejaron más de 15 muertos en los últimos días.

Esta violencia es evidentemente una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de los estados y municipios.  Ya sea con la elección de alcaldes que podrían brindar protección informal, así como acceso a recursos públicos, o bien para presionar en los nombramientos clave para la actividad criminal, es decir, seguridad y justicia.

De ahí la importancia de que la próxima presidenta de México se replanteé la política de “abrazos no balazos”, por una que impliqué una mejor y mayor seguridad pública para la ciudadanía, tolerancia cero a los grupos criminales y una aplicación irrestricta de la ley.

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