AMNISTÍA

Por Eduardo Macías Garrido

La Cámara de Diputados aprobó que el presidente de la República libere en forma discrecional a reos bajo proceso o sentenciados, esto bajo la figura de la amnistía, que permite el perdón de ciertos delitos que extingue la responsabilidad de sus autores.

Esta reforma parecería a pocos días de que termine la administración del presidente López Obrador, un cheque en blanco para que el ejecutivo federal en turno decida si alguien puede salir de la cárcel aun sentenciado, fomentando con ello la impunidad.

Esta urgencia en donde no hubo consulta con los expertos, y no se dio un parlamento abierto, deja más preguntas que respuestas. La ley existente de 2020 establecía una serie de limitaciones, como, por ejemplo, solo aplicaba para ciertos delitos no considerados graves.

Además, se exigía que los casos se someterían a una comisión formada en la Secretaría de Gobernación, además de que esto tendría que ser llevado ante un juez, quien en última instancia determinaría si el solicitante calificaba o no para este beneficio.

Se prohibía con toda lógica, que la amnistía se diera para los delitos violentos, es decir, los listados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta nueva ley, se faculta al presidente de la República para que fuera de este procedimiento y sin la intervención de un juez, se pueda otorgar la amnistía por una decisión unilateral, además de que se extingue con esta figura la acción penal, pero no se habla de la reparación del daño a las víctimas.

Esta aberración supone una renuncia por parte del Estado a ejercer su derecho de castigo sobre ciertos delitos, lo cual tendrá sin duda un impacto en la percepción de justicia dentro de la sociedad, es decir, es una ampliación de la política de «abrazos no balazos».

La nueva ley no persigue reparar injusticias, ya que el presidente López Obrador ha adelantado que utilizará estas modificaciones a la ley para resolver casos como la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, tema al cual se le pretende seguir sacando raja política.

Una ley que desde 2020 lo que pretendía era subsanar injusticias para delitos menores, a una que le da una facultad omnipotente al presidente para liberar a quien le de la gana, al estilo de la facultad de los reyes de perdonar como en la edad media.

La oposición buscará tirar la reforma vía la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que, a decir de algunos de sus integrantes, el presidente de la República quiere utilizar esta reforma para poder liberar a sus amigos, a sus socios, o a sus cómplices.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que los Estados que forman parte de la Convención Americana no pueden invocar disposiciones de su derecho interno, tales como leyes de amnistía, para incumplir su obligación de garantizar el funcionamiento completo y debido de la justicia.

Esta nueva legislación en la materia pretende servir como un medio para que el presidente en turno ejerza facultades omnipotentes que fomenten la impunidad.

La impunidad es la falta de investigación, persecución captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de la comisión de delitos. Es evidente que esta nueva legislación es una extensión de la fallida política de «abrazos no balazos».

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